La incapacitación judicial de personas mayores

El aumento de la esperanza de vida en España, con una media de 83 años, ha llevado a un incremento en los casos en los que se busca la incapacitación judicial de personas mayores para proteger su bienestar, intereses y patrimonio.

En este contexto, es común que familiares preocupados por el bienestar del anciano consulten con bufetes de abogados Mallorca especializados para comprender el procedimiento y obtener asesoramiento legal en este delicado proceso.

Qué es la incapacitación judicial y en qué consiste

La incapacitación se establece legalmente en el artículo 200 del Código Civil, que identifica como causas las enfermedades o deficiencias persistentes que impidan a la persona gobernarse por sí misma. La clave para determinar la necesidad de incapacitación radica en la persistencia de la enfermedad y en la capacidad de la persona para gestionar su vida.

El procedimiento de incapacitación generalmente lo inician familiares preocupados por el bienestar del anciano, aunque las intenciones pueden variar. La solicitud debe basarse en un riesgo real que amenace la integridad o patrimonio del anciano y puede ser iniciada por el propio sujeto, familiares cercanos, el Ministerio Fiscal o profesionales sanitarios. La solicitud debe respaldarse con pruebas documentales, como informes médicos, y durante el procedimiento se examinan las capacidades del anciano a través de un médico forense y entrevistas con su entorno.

Si el juez, tras evaluar todas las pruebas, decide la incapacitación judicial, también designa a un tutor en la sentencia. El tutor asume la responsabilidad de cuidar al anciano y gestionar su patrimonio, garantizando que se atiendan todas sus necesidades y respondiendo a los mecanismos de control establecidos para esta figura jurídica.