Sociedad limitada nueva empresa

La Ley 7/2003, de 1 de abril, de la SL Nueva Empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se presenta como un instrumento para la constitución de una sociedad adecuado a las necesidades de los nuevos emprendedores, quienes mediante un mecanismo rápido y sencillo adaptado a las nuevas tecnologías pueden constituir su sociedad en 48 horas.

La nueva regulación pretende fomentar la creación de empresas, sobretodo de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una mayor facilidad en los trámites relativos a la constitución, una mayor simplicidad en la gestión contable y una serie de medidas fiscales favorables, para que éstas puedan continuar en el mercado durante los primeros años de su existencia, que son los más difíciles de superar debido a que se incurre en mayores costes.

Mediante la nueva regulación, se añade un capítulo a la Ley 2/1995, compuesto por siete secciones y 15 artículos; del 130 al 144 y una relación de disposiciones adicionales y finales.

Entre las principales características de la SL Nueva Empresa destacan, en primer lugar, que el número de socios máximo es de cinco, aunque por el contrario no se establece un número mínimo, dando cabida por tanto a las sociedades unipersonales. Los socios solamente podrán ser personas físicas y aquella que ostente la condición de socio en una SLNE ya no podrá constituir ni adquirir tal condición en otra SLNE (art. 133).
Respecto a la denominación social aparece como aspecto novedoso que ésta estará compuesta por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguidos de un código alfanumérico, y donde necesariamente deberá incluirse la denominación de SLNE un nuevo sistema de identificación de la sociedad único e inequívoco tal como establece la Ley (art.130).
En la presente Ley se determina el objeto social de forma muy amplia mediante la enumeración de una gran variedad de actividades, con el fin de evitar las continuas modificaciones estatutarias, en caso de cambio de actividad. De ese modo, ofrece la posibilidad de que la nueva sociedad pueda constituirse respecto a una o a todas las actividades que propone como objeto social o incluso a cualquier otra distinta, debiendo transcribirse la enumeración legal literalmente en los estatutos. En caso de actividades no enumeradas en la Ley, se podría dar lugar a una calificación negativa por el registrador mercantil, aunque de todos modos no se pararía el proceso de constitución (art.132).
La SLNE se constituirá mediante escritura pública, apareciendo como novedad que los trámites para el otorgamiento e inscripción de la misma podrán realizarse por medios electrónicos, informáticos y telemáticos (es decir, a través de certificados digitales), de manera que se consigue un ahorro de tiempo y costes. En este sentido, aparece el llamado Documento Único Electrónico (DUE), donde se incluirán todos los datos referentes a la sociedad Nueva Empresa que deberán remitirse a los registros públicos y las Administraciones públicas competentes para la constitución de la sociedad. La Administración podrá celebrar, además, convenios para el establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) de las SLNE con otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que se integraran en los Centros de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).
Los emprendedores que deseen constituir una SLNE, deberán dirigirse entonces al notario quien después de comprobar que no existe denominación social anterior idéntica a la de la sociedad que se va a constituir, realizará remisión telemática, de forma inmediata, de la copia de la escritura de constitución junto con el DUE al registrador mercantil, quien en un plazo no superior a 24 horas deberá realizar la calificación e inscribir, en su caso, la escritura de constitución.

Debemos tener en cuenta que, en caso de que la calificación fuese negativa, lo deberá hacer saber al notario autorizante de la escritura de constitución y, en su caso, al representante que, a tal efecto los socios fundadores hubieren designado en ella y a la Administración Competente, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. (art. 134.6º)

Posteriormente el Registrador la remitirá nuevamente al notario, quién deberá expedir copia autorizada en soporte papel de la escritura de constitución de la sociedad en un plazo no superior a 24 horas.

En ella el notario :deberá dejar constancia del número de identificación fiscal de la sociedad y de la remisión de la copia de la escritura de constitución y del DUE a las Administraciones Tributarias Competentes, para que éstas procedan a enviar el número de identificación fiscal definitivo de la sociedad a los socios fundadores. (art. 134.10)

Para la constitución se podrán utilizar unos estatutos orientativos que se encuentran en la página web http://circe.es, antes mencionada, estatutos que fueron aprobados por Orden del Ministerio de Justicia 1445/2003 de 4 de junio de 2003, que se caracterizan por su sencillez, ofreciendo de ese modo una importante ventaja para las sociedades que quieran constituirse adoptando esta forma de sociedad.
En referencia al capital, se mantiene la cifra mínima de 3.012€ aunque estableciéndose como máximo la cantidad de 120.000€, señalándose además, que el capital solamente podrá ser desembolsado en aportaciones dinerarias (art. 135).
No será necesario llevar el libro de registro de socios, quienes podrán acreditar su condición mediante el documento público en el que se hubiese hecho la adquisición de la misma (art. 137).
La Junta General también podrá ser constituida por procedimientos telemáticos que hagan posible al socio el conocimiento de la convocatoria a través de la acreditación del envío del mensaje o el acuse de recibo, en cuyos supuestos no será necesario la publicación de la convocatoria de la Junta por medio del anuncio en un periódico de mayor tirada en el término municipal donde esté situado el domicilio social. (art. 138).
La contabilidad se simplifica, de forma que podrá llevarse mediante un único registro, suficiente para cumplir las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone en materia de información contable y fiscal (art. 141).
En referencia a la disolución de la SLNE, uno de los aspectos novedosos de más importancia es que en caso de que se produzca, los socios podrán continuar sus operaciones en forma de sociedad de responsabilidad limitada, requiriendo acuerdo de la Junta General y la adaptación de los estatutos sociales a la misma (art. 144).

Finalmente, en sus disposiciones adicionales y finales, la Ley se refiere al funcionamiento y utilización del DUE, así como a una serie de modificaciones en la Ley Hipotecaria, la Ley de SRL y el Código Civil –concretamente en el párrafo segundo del art. 1056- introduciendo una modificación de importancia en relación con la sucesión de la empresa familiar. Se abre una vía para facilitar y simplificar la continuación hereditaria de la actividad empresarial y la unidad productiva, mediante un instrumento que permite en vida del testador establecer la manera más adecuada de sucesión de la misma. Así como en la anterior redacción el propietario de una empresa que desease conservar su unidad en la transmisión hereditaria debía disponer testamentariamente que la legítima correspondiente a los herederos que no adquieren en herencia la empresa se abonase en metálico, a partir de la modificación introducida por la nueva Ley, no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono con efectivo extrahereditario e incluso si no se hubiere establecido medio de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia, pudiendo además establecer su aplazamiento siempre que éste no supere los cinco años desde el fallecimiento del testador.

En definitiva, la nueva regulación se configura como un medio eficaz para promover la constitución de pequeñas y medianas empresas, su permanencia en el mercado y adaptación a las nuevas tecnologías, solución acertada que venía haciéndose necesaria para la adaptación de nuestra legislación empresarial a los planes europeos, que permita su supervivencia en el Mercado Único.

Una solución para los problemas que surgen en la realidad empresarial de pequeña y mediana dimensión.